La Audiencia Provincial de Jaén ha confirmado la pena de nueve meses de prisión impuesta al representante legal de una empresa en la que un hombre que, "totalmente desprotegido", estaba trabajando en una obra hasta que sufrió un accidente y se cayó desde una altura de unos seis metros.

La sentencia, recoge probado que la víctima trabajaba en una empresa dedicada a la fabricación de material para la construcción y que en abril de 2005 se desplazó hasta un polígono industrial de Bailén para participar en la construcción de una nave industrial.

Sin embargo, "como quiera que se colocó incorrectamente una de las placas", el denunciante se vio obligado a colocarse de espaldas al borde exterior del forjado para poder soltar los pestillos de seguridad de las pinzas o pulpos que sujetaba la placa, de forma que al perder tensión y "romperse unos pernos de la viga pulpo, esta giró y le dio un golpe", lo que hizo que se cayera desde una altura de unos seis metros pues "no se habían instalado medidas de seguridad colectivas ni los trabajadores llevaban arneses debidamente sujetos a un punto fijo".

A causa de la caída, este hombre sufrió una fractura de vértebras y diversas fisuras costales y le han quedado como secuelas algias postraumáticas y perjuicio estético, entre otros. Además, el Instituto de la Seguridad Social le ha reconocido una incapacidad permanente total para su profesión habitual.

Ante estos hechos, el juzgado de lo Penal número dos de Jaén condenó al representante legal de la empresa por un delito consumado contra los derechos de los trabajadores y un delito consumado de lesiones a la pena de nueve meses de prisión y al pago de una multa de 1.800 euros. Además, le exige que indemnice al trabajador accidentado en la cantidad de 109.000 euros.

La condena fue recurrida en grado de apelación alegando, entre otros aspectos, que los trabajadores tenían a su disposición medidas de seguridad pues los cinturones estaban en la grúa y había arneses a mano de los operarios, si bien la Audiencia fundamenta que el informe del inspector de Trabajo refleja que el trabajador siniestrado no tenían ninguna medida de seguridad "pues no tenía ninguna sujeción ante una eventual caída en altura desde el nivel donde trabajaba".

De hecho, especifica que no había red ni tampoco había instalada una línea de vida para enganchar los arneses, de ahí que afirme que el trabajador estaba "totalmente desprotegido". Por todo ello, desestima el recurso de apelación y, en su lugar, confirma íntegramente la sentencia dictada en primera instancia.

11/05/2009 12:31:49 - Yahoo.es

La Audiencia de Sevilla ha condenado a penas de entre nueve y trece meses de cárcel a siete personas, arquitectos y responsables de una obra, por la electrocución que mató a un obrero y dejó a otro herido grave en Salteras (Sevilla) el pasado 29 de septiembre de 2001. Los responsables están condenados por delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio por imprudencia grave y lesiones.

El accidente ocurrió cuando el encargado de la constructora ordenó a dos obreros que trasladasen un andamio y para hacerlo debían atravesar una calle cruzada por un cable de alta tensión. Una fuerte descarga causó la muerte a D.S.B. y graves quemaduras a J.O.F., que estuvo 30 días hospitalizado.

La sentencia confirma que el estudio de seguridad de la obra, realizado por el arquitecto imputado S.D.F., contemplaba la existencia de un cable de alta tensión cuyo soterramiento "estaba previsto", y además ordenaba que mientras tanto se colocase "un pórtico de seguridad que nunca se instaló". La sentencia recoge además que en dicho lugar se había producido otro accidente con anterioridad.

Por otro lado, ayer se celebró el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el consejero de Empleo, Antonio Fernández, anunció en Jerez de la Frontera que abordará la creación del segundo Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Fernández aseguró que la siniestralidad en los centros de trabajo ha bajado "en más del 40% por ciento en términos interanuales".

Los sindicatos CC OO y UGT se reunieron ayer en Jaén para criticar que las muertes por accidentes laborales en la provincia en 2008 aumentaron en más de un 140%. Y en Málaga, IU anunció que llevará al pleno una moción en la que exigirá a las administraciones el cumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.

29/04/2009 9:50:40 - El País

La patronal CEOE está decidida a rebajar en todo lo posible la tramitación judicial de los despidos y, con ello, aumentar la libertad del empresario para prescindir de los trabajadores que no necesite y rebajar la indemnización. Al menos, mientras dure la crisis.

Con este objetivo, y entre sus documentos de trabajo, CEOE ha preparado un borrador de Real Decreto "Ley de medidas urgentes sobre el mercado de trabajo" en el que se recogen los planteamientos empresariales sobre su propuesta de contrato indefinido, con una indemnización por despido para el trabajador de veinte días por año en la empresa, hasta una cuantía máxima de un año de salario.

En el borrador al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, las claves para garantizar al empresario la libertad y la rapidez en la decisión del despido, respecto a lo que ocurre ahora está en dos puntos. La primera es que la cuantía de la compensación al trabajador no va a superar nunca esa cantidad porque "todas las decisiones empresariales de extinción de los contratos serán consideradas procedentes". Todas, "salvo en las situaciones de embarazo de la mujer trabajadora y en las licencias de maternidad o paternidad", en las que el despido será declarado nulo, siempre que la empleada, o el empleado, no cometa faltas de disciplina.

Es decir que, salvo en este último caso, la patronal estudia que el despido no responda a causa determinada alguna, como ocurre en la actualidad, dado que la empresa tiene que demostrar al juez, o a la Administración, que para tomar su decisión hay indisciplina del empleado o razones económicas, organizativas, técnicas o de producción.

En todo caso, los trabajadores despedidos sólo podrían recurrir ante los tribunales "para reclamar el importe de las indemnizaciones debidas y de los salarios correspondientes a los periodos de preaviso no respetado".
Estrechamente ligada al primer punto, la segunda premisa que garantizaría la libertad del empleador para despedir está en que "los contratos indefinidos fijos podrán extinguirse, por decisión empresarial, durante toda su vigencia [en cualquier momento], sin más obligación que la de preavisar al trabajador con un mes de antelación y la de abonarle una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, con un tope de doce mensualidades".

En consecuencia, y por decreto, no habría lugar para que el trabajador pudiese siquiera plantear la improcedencia del despido y, por lo tanto, la posibilidad de que la indemnización pudiese elevarse hasta las cuantías máximas reguladas por la ley: 33 días de salario por año de trabajado, hasta una cuantía máxima equivalente a dos años de sueldo, en el caso del contrato de fomento del empleo indefinido, o de 45 días por año, en el caso del contrato indefinido ordinario.

En todo caso, la patronal se plantea que para llegar al contrato indefinido que defiende en el Real Decreto el trabajador pase previamente, y durante dos años, por un contrato temporal, al que podrían acogerse con más facilidad los parados, que "el empresario podrá extinguir libremente, sin más requisito que la comunicación por escrito al trabajador, con una antelación de siete días y una indemnización por despido de ocho días". Es decir, el mismo plazo que se tendría en cuenta para calcular la indemnización.